Durante años, el debate sobre la edad de jubilación en Chile se ha planteado como una ecuación financiera: cuántos años más deben cotizar las personas para que el sistema sea sostenible. Pero desde la gerontología y la salud mental, esa pregunta está incompleta. La evidencia clínica y la experiencia internacional muestran que fijar una edad única de retiro ignora una realidad insoslayable: no todas las personas envejecen igual, no todos los trabajos desgastan igual, y no todos los proyectos de vida a los 60, 65 o 70 años son los mismos.
La discusión pública ha tendido a polarizarse entre quienes defienden postergar la jubilación para mejorar las pensiones y quienes advierten que muchos trabajadores simplemente no pueden seguir trabajando. Ambas posturas tienen razón, y precisamente por eso la solución no es un número fijo, sino un marco de flexibilidad real que permita a las personas mayores decidir.
El trabajo que dignifica y el trabajo que desgasta
Hay un primer grupo de personas mayores para quienes continuar trabajando no es una imposición económica, sino una elección vital. Se mantienen activas, funcionales, con redes sociales y propósito. La literatura gerontológica es consistente: la actividad significativa, sea laboral o comunitaria, se asocia a mejor salud cognitiva y emocional en la vejez. Para estas personas, una jubilación obligatoria a una edad rígida puede representar una pérdida de identidad y de estructura cotidiana que impacta negativamente en su bienestar.
Sin embargo, hay un segundo grupo igualmente legítimo: quienes han desempeñado trabajos con alta carga física, turnos nocturnos, exposición a condiciones extremas o esfuerzo repetitivo. En Chile, la figura de los “trabajos pesados” reconoce precisamente que ciertas labores aceleran el envejecimiento orgánico y funcional, permitiendo rebajar hasta 10 años la edad de pensión. Un minero, una manipuladora de alimentos en cadena, un trabajador de la construcción: sus cuerpos tienen otra edad biológica. Exigirles esperar hasta los 65 o 67 años no es neutral; es ignorar el desgaste acumulado.
Y hay un tercer grupo, a menudo invisibilizado en el debate: quienes simplemente ya no quieren seguir trabajando. Personas que han cumplido su ciclo laboral, que desean dedicar tiempo a la familia, al cuidado, al descanso o a proyectos personales. La evidencia sobre el “retiro” como derecho no es un capricho: es una conquista civilizatoria. La salud mental en la vejez también se protege cuando se respeta el deseo de descansar después de décadas de aporte productivo.
"El riesgo de hablar de flexibilidad es que se convierta en un eufemismo para precarizar: permitir que las personas mayores sigan trabajando porque no les alcanza la pensión, no porque quieran."
Lo que Chile puede aprender de la experiencia comparada
La OCDE reporta que la edad normal de jubilación en sus países miembros aumentará de 64,7 años para hombres y 63,9 para mujeres (cohortes 2024) a 66,4 y 65,9 respectivamente en las próximas décadas. Más de la mitad de los países ya han legislado alzas, y algunos como Dinamarca, Estonia, Italia y Países Bajos proyectan edades de 70 años o más. Chile, en cambio, aparece explícitamente como parte de la minoría que no ha legislado alzas pese a su demografía desfavorable.
Pero el dato clave no es el número. Es el diseño. España, por ejemplo, ha reformado recientemente su regulación de jubilación flexible para permitir compatibilizar pensión y trabajo —por cuenta ajena o propia— con el objetivo explícito de incentivar la permanencia en actividad de quienes así lo deseen, sin renunciar a una parte sustancial de la pensión. La norma española reconoce que la jubilación no tiene por qué ser un corte abrupto, sino una transición graduable.
La OCDE también recomienda que quienes posterguen su pensión no solo acumulen nuevos derechos, sino que reciban un beneficio más alto por los derechos ya generados, precisamente porque los percibirán por menos tiempo. Es decir, el incentivo no debe ser una imposición, sino una recompensa por elegir seguir.
En Chile, el debate ha estado marcado por la reforma previsional y el aumento de la cotización patronal, pero la evidencia disponible advierte que el envejecimiento acelerado y la desconexión entre longevidad y edad legal de retiro siguen siendo problemas estructurales no resueltos. Un análisis desde la Subsecretaría de Previsión Social ya advertía en 2022 que discutir el alza de la edad legal es impopular, pero necesario de dar “dada la necesidad creciente de allegar recursos”, y que la mayoría de los países no diferencian por género y han logrado elevar la edad a 67 años.
Flexibilidad no es lo mismo que abandono
El riesgo de hablar de “flexibilidad” es que se convierta en un eufemismo para precarizar: permitir que las personas mayores sigan trabajando porque no les alcanza la pensión, no porque quieran. Eso no es elección; es necesidad disfrazada de libertad.
La flexibilidad que defiendo desde la gerontología es otra. Es la que permite:
- Retiro parcial y gradual: Combinar pensión con trabajo a tiempo parcial, de modo que la transición no sea un salto al vacío. La evidencia comparada sugiere que los esquemas de retiro flexible ayudan a mantener aportes por más tiempo, reducen lagunas en edades críticas y suavizan el impacto en ocupaciones con desgaste físico.
- Vías diferenciadas por condiciones de salud y tipo de ocupación: No es lo mismo un trabajo de oficina que uno físicamente demandante. Una política técnicamente sólida puede incluir evaluaciones de salud y capacidad laboral, y protección frente al desempleo senior, con criterios acotados y verificables para evitar arbitrajes.
- Incentivos reales para quien quiera postergar: Sin cambiar la edad legal, se puede elevar la edad efectiva si se premia el retraso con mejores tasas de conversión o bonos por años adicionales cotizados. Pero estos incentivos deben ser lo suficientemente potentes para que la decisión de seguir trabajando no sea solo para quienes tienen empleos gratificantes y bien remunerados.
- Respeto irrestricto a quien decide no seguir: La jubilación anticipada por trabajos pesados ya existe en Chile y debe fortalecerse, no debilitarse. Pero también debe reconocerse el derecho de quien, sin trabajo pesado calificado, simplemente decide que su ciclo laboral terminó. La salud mental en la vejez también se juega en la dignidad de poder elegir el momento del retiro sin culpa ni penalizaciones desproporcionadas.
Una mirada desde la salud mental
Como fonoaudióloga especializada en envejecimiento, veo a diario cómo las decisiones impuestas —sean laborales, familiares o de salud— erosionan la autonomía de las personas mayores. La vejez no es una enfermedad ni una etapa homogénea. Es un curso de vida diverso, atravesado por trayectorias laborales, condiciones de salud, género, territorio y clase social.
Fijar una edad única de jubilación es tratar a todos los cuerpos como si envejecieran al mismo ritmo. No es así. Una mujer que trabajó décadas en el cuidado remunerado y no remunerado, un hombre que pasó 30 años en turnos de noche, una profesional que ama su trabajo y quiere seguir aportando: todos merecen que la política pública les pregunte qué quieren, no que les imponga un número.
La flexibilidad en la edad de jubilación no es un lujo ni un capricho ideológico. Es una condición para que el envejecimiento sea una etapa de derechos, no de resignación. Y es, también, una forma de reconocer que el trabajo —todo trabajo— deja marcas en el cuerpo y en la mente, y que quien las ha cargado tiene derecho a decidir cuándo soltarlas.
Por Solange Martínez Jofré.
Fonoaudióloga, MBA con especialización en Salud.
Diplomada en Geriatría, Gerontología y Salud Mental).
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Editado por:
EU. Francisco Muñoz Almendras.
Enfermero Universitario| Docente Diplomado.
Editor área de opinión, columnista y Locutor.
Radio Mía 89.3 FM.